En la próxima calificación de riesgo que hacen empresas como Fitch, Standard & Poor’s y Moody’s, el país perdería hasta tres escalones si no se aprueban nuevos impuestos, o al menos alcanza un acuerdo político concreto en la Asamblea Legislativa para debatir este tema.
Si no se hace nada, esto se traduciría en un efecto dominó en la economía, ya que al buscar financiamiento en el exterior, el Gobierno pagaría intereses más altos por el deterioro en su calificación de riesgo.
Asimismo, los bancos y las empresas públicas que busquen recursos afuera, pagarían más, mientras que en el mercado local habría tasas de interés más altas y menos inversión, impuestos y trabajo.
Por estas razones, el Gobierno apura a los diputados para calendarizar, con plazos de votación fijos, una serie de proyectos que ayudarían a mitigar el efecto.
Sin embargo, la pérdida de escalones en la calificación de riesgo es prácticamente “inevitable” a estas alturas, asegura Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda.
Es incierto cuándo se hará una revisión de Costa Rica por parte de las calificadoras; sin embargo, se espera que esto pase en el próximo cuatrimestre.
“Solo nos queda tratar de mitigar el efecto. Durante años, el Gobierno ha venido prometiendo medidas de contención del gasto y nuevos impuestos, y lo segundo no se ha cumplido, por lo que ya no podemos prometer más, sin ser castigados”, dijo Rodríguez.
Perder tres escalones en la calificación de riesgo como especula el Gobierno, no sería fácil de recuperar, e incluso en el peor escenario, se duraría hasta una década para alcanzar la meta.
Las firmas como Fitch, Standard & Poor’s y Moody’s le indican al inversionista si el deudor al que se le presta el dinero, es buena paga o no.
Para hacerlo, las empresas califican la solvencia de los prestatarios mediante una escala que valora el riesgo de invertir en un producto financiero determinado, como bonos y acciones, entre otros.
El propio Luis Guillermo Solís está consciente del peligro y por eso advirtió que Costa Rica podría seguir los pasos de Grecia, país que vivió momentos álgidos en 2014 por culpa del déficit fiscal.
El mandatario teme que al término de su gestión haya un déficit fiscal de un 10,5% del PIB, si no se aprueban impuestos como el IVA y renta.
Además de los tributos, Solís plantea revisar las exoneraciones, cortar las anualidades en el sector público y luchar contra la evasión y la elusión, que se estima suman un 8% del PIB.
Hasta el momento, los diputados no han querido aprobar la agenda del mandatario, porque demandan primero una contención del gasto, incluida la revisión de los incentivos que reciben los funcionarios públicos, así como las pensiones de lujo.
Sin embargo, el mandatario no ha querido discutir el tema de los salarios públicos.
“A nombre del PLN le recordamos al Presidente una agenda de trabajo que es respaldada por siete partidos políticos y todavía no tenemos una respuesta clara. Esperamos que pronto tengamos una hoja de ruta”, dijo Maureen Clarke, jefa de fracción de Liberación.
Noticia obtenida de:
